La Unión Europea asume un papel relevante en la coordinación de políticas nacionales de los Estados miembros para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico.
Las políticas de empleo deben tener en cuenta la dimensión local para ajustarlas a las necesidades del territorio, para lo cual se prevé el establecimiento de mecanismos de colaboración con entidades locales.
Se establecen programas globales por parte de los poderes públicos de actuación sobre el mercado de trabajo, con vistas a dinamizarlos y favorecer la creación de empleo.
La Unión Europea elabora periódicamente la Estrategia Europea del Empleo, mientras que en España se elabora la Estrategia Española de Empleo, para coordinar las políticas que puedan diseñar las Comunidades Autónomas.
La Estrategia Española de Empleo se concreta anualmente a través del Plan Anual de Política de Empleo.
Todo el modelo de intervención pública en el mercado laboral se tiene que diseñar sobre la base de la libertad de empresa y la iniciativa económica.
Existe por parte de las empresas una primigenia libertad de contratación, dependiendo de sus intereses la decisión de contratar a un mayor o menor número de empleados.
Decidido un empresario privado por contratar a trabajadores, también goza de libertad de selección de la concreta persona a quien ofrecerle el empleo que pretende ocupar, haciéndolo en atención a lo que constituyen sus intereses económicos privados.
Los poderes públicos podrán condicionar directamente al empleador únicamente, en su selección de los trabajadores a contratar, en que en modo alguno la selección de los contratados o excluidos pueda incurrir en tratamientos discriminatorios.
Las medidas públicas en materia de empleo han de tener un carácter básicamente de fomento a la decisión empresarial de contratación, con medidas que las acompañen y las incentiven por la vía de propiciar el incremento del empleo.
En cuanto a su objetivo se diferencia ante todo entre políticas activas y políticas pasivas.
Son políticas activas de empleo todas las dirigidas a provocar un incremento de las contrataciones laborales en el mercado de trabajo.
Las políticas pasivas de empleo buscan compensar económicamente a quienes se encuentran sin los ingresos económicos necesarios para una subsistencia digna a causa de encontrarse sin empleo.
Respecto de la orientación general de las políticas de empleo cabe diferenciar básicamente entre políticas genéricas y políticas selectivas.
Las políticas genéricas de empleo pretenden incrementar el volumen general de ocupación en nuestro mercado de trabajo.
Las políticas selectivas de empleo buscan identificar aquellos segmentos de la población con mayores dificultades en su integración en el mercado de trabajo, al objeto de intervenir con particular intensidad entre ellos.
Las políticas de empleo se marcan adicionalmente el objetivo de propiciar la creación de lo que se denomina un empleo de calidad, no cualquier tipo de empleo.
Para con la calidad del empleo se toma en consideración la estabilidad, los niveles profesionales de los trabajos a crear, o la retribución percibida por el trabajador.
Cabe distinguir tres grandes técnicas de fomento de la contratación laboral: técnicas de flexibilidad, técnicas de ahorro y técnicas de empleabilidad.
Las técnicas de flexibilidad consisten en esencia en aligerar los obstáculos al ejercicio de los poderes empresariales, de modo que las empresas no tengan grandes frenos a la adopción del empleo a sus cambiantes requerimientos productivos.
Las técnicas de ahorro comportan diversas fórmulas de ayuda económica, que reduzcan los costes laborales del empleo asalariado y con ello incentivar de nuevo la contratación de trabajadores.
La técnica de empleabilidad va dirigida a reforzar las habilidades y competencias profesionales de los trabajadores, particularmente de los desempleados, con vistas a adaptar su formación y cualificación profesional a las demandas del mercado.
Las políticas migratorias constituyen un elemento importante en el conjunto de las políticas públicas.
El mandato al Estado en política migratoria va dirigido a que este vele por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y oriente su política hacia su retorno.
Se habilita a los poderes públicos, en aras de la preferencia de los nacionales a su integración en el mercado de trabajo, a establecer restricciones o limitaciones a la afluencia de extranjeros al mercado de trabajo español.
Se exige, con carácter general, a los trabajadores no pertenecientes a la Unión Europea, la obtención de la autorización de residencia y de trabajo para poder incorporarse a un empleo retribuido en nuestro país.
El Gobierno fija anualmente el contingente anual, la cantidad total de emigrantes que necesita nuestro mercado de trabajo cada año.
Una vez contratados los extranjeros, sus condiciones de trabajo y el régimen jurídico general como empleados debe ser igualitario respecto del resto de los trabajadores nacionales.
Si en un momento determinado, las empresas demandan empleo que no puede ser cubierto con la oferta nacional, es responsabilidad de los poderes públicos arbitrar los mecanismos de contratación externa.
